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La judicialización del sector energético


Decenas de pleitos derivados de la reforma energética inundan los juzgados y podrían resolverse en los próximos meses con un coste multimillonario para los usuarios o las empresas, si finalmente resultan adversos para el Ministerio de Energía.

El año 2017 prometía ser la gran prueba profesional para Álvaro Nadal y no ha defraudado. El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital tenía que rematar los flecos que dejó abiertos su hermano, Alberto Nadal, que ejerció anteriormente como secretario de Estado de Energía. Desde ese puesto, Alberto Nadal acometió la gran reforma del sector energético, que conllevó un duro ajuste en los costes del sistema eléctrico y en las subvenciones a las renovables.

El hermano del actual ministro recibió fuertes críticas y muchas presiones desde todos los ámbitos por aquella reforma. Pero una vez acometida la reestructuración normativa, también recabó aplausos porque sin esa reforma el sistema eléctrico hubiera ido a la quiebra.

Frentes abiertos

Ahora, Álvaro Nadal está recogiendo los frutos de aquel proceso, algunos de los cuales no son plato de buen gusto. La reforma del sector eléctrico, que se hizo a golpe de decreto y con un consenso no del todo al 100%, ha dado lugar a decenas de frentes judiciales, ahora abiertos. Arbitrajes internacionales por el recorte a las renovables, pleitos en los tribunales de primera instancia pero también en el Supremo, la Audiencia y el Constitucional. Alguno también ya ha llegado a Luxemburgo.

El año 2017 marcó un récord en cuanto a nivel de judicialización del sector eléctrico, un mercado que al estar tan regulado es muy dado a acudir a los tribunales.

El año 2018 va a ser el año en el que el ministro de Energía se enfrente al desenlace de algunos de esos pleitos. En muchos de ellos están cifras millonarias de más de tres cifras y difíciles salidas que no supongan un coste millonario o para las empresas o para los usuarios. En algunos frentes la solución, sea la que sea, será compleja de diseñar. Sobre todo ahora que, a diferencia de lo que ocurría hace unos años, el Gobierno del PP ya no cuenta con suficiente mayoría para gobernar vía decreto y necesitará buscar acuerdos más amplios entre distintos partidos políticos, con ideas muy diferentes en cuanto a qué hacer en energía.

Un ejemplo claro de esta situación es la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba la indemnización de 1.350 millones para las empresas promotoras del almacenamiento de gas de Castor, entre las que se encuentra la constructora ACS. Aquella indemnización se fijó a través de un Decreto-ley de medidas del sistema gasista que el Gobierno aprobó en 2014. Para costear la indemnización, el sistema gasista emitió bonos que ahora están en manos de cientos de inversores internacionales, que van reembolsando los usuarios con recargos en la factura del gas a lo largo de los años.

Cualquier medida que decida Nadal para solucionar este frente afecta por lo tanto no solo a grandes empresas españolas, como ACS y Enagás, sino también a inversores internacionales y a los usuarios españoles.

Un problema añadido del ministerio de Energía es que es un mastodonte que ha asumido no solo la ingente tarea de la normativa del sector energético. Ese ministerio suma otras competencias que poco tienen que ver con la Energía pero en las que Nadal también tiene frentes abiertos que le consumen tiempo y esfuerzo.

El frente Hispasat

Posiblemente el más relevante en estos momentos, al menos desde el punto de vista mediático, es el de telecomunicaciones. Álvaro Nadal mantiene un frente abierto a cuenta de Hispasat. Como operador de satélites, este grupo de concesiones orbitales del Estado necesita autorización del ministerio en caso de cambio accionarial.

Nadal mantiene que las opas lanzadas por Atlantia y por ACS sobre Abertis, que ahora tiene el control de Hispast. Nadal está estudiando si lleva a los tribunales a la CNMV por haber concedido ya autorización a la opa de Atlantia.

En 2018 también es previsible que siga el hervidero de operaciones corporativas en el sector energético. Grandes grupos como Gas Natural están buscando oportunidades de fusión. Repsol podría abordar definitivamente la salida de la gasista. E Iberdrola podría concretar alguna compra significativa en el exterior.

Fuente: http://www.expansion.com/

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